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Reuniones telemáticas de las Juntas de Propietarios: un pasito “palante” …

Avance y retroceso en la aplicación de las TICs en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal

La llamada de atención para esta novedad en la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal ha sido:

“Las Juntas de Propietarios se podrán celebrar de manera telemática”

Desde un punto de vista del Derecho digital y del avance en el empleo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación … pensamos ¡fantástico! ¡genial!  vamos hacia adelante … pero, al examinar la norma que lo permite y lo regula … ¡oh! de nuevo una decepción … otro pasito «pa’trás» …

El Real Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2) vemos que establece una medida que no deja de ser una medida excepcional para los acuerdos que no pueden demorarse entre los que se entienden incluidos en todo caso las atinentes a las obras, actuaciones e instalaciones que requieran acuerdo de la junta de propietarios (las necesarias para garantizar accesibilidad y uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes a personas con discapacidad o mayores de setenta años y la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior) y también una medida temporal, hasta el 31 de diciembre de 2021).

En la exposición de motivos de este Real Decreto Ley se indica que:

“En dichas comunidades no se están desarrollando las reuniones de propietarios dadas las limitaciones que se han impuesto a su celebración presencial a causa del COVID-19, y las dudas existentes sobre la posibilidad de adoptar acuerdos de manera telemática ya que la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, omite la posibilidad de desarrollar las reuniones de forma telemática.”

y

“Por ello, se permite que la junta de propietarios pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con antelación a la junta; y si el secretario reconoce la identidad de los propietarios asistentes a la junta y así lo exprese en el acta. Además, en este supuesto, será también posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.”

Vemos que se introduce un medio más, que puede considerarse un medio correcto y válido, para celebrar la junta de propietarios de forma jurídicamente correcta y eficaz. ¿Por qué se limita a una serie de materias? ¿Por qué se limita temporalmente? ¿No podría abarcar todos los asuntos competencia de una junta de propierarios? ¿No podría continuar con esta forma de celebración telemática? ¿Por qué no compatibilizar esta forma telemática con la forma de celebración presencial, cuando ello sea posible?

Una vez más, no se realizan cambios estructurales y de fondo, solamente se realizan parches, arreglos temporales, y no se aprovecha la ocasión como una oportunidad para avanzar sino que, de forma obligada y forzada, y porque no hay más remedio, se usa como un sustituto impropio, precario y temporal, para que cuando todo vuelva a la normalidad seguir como siempre … volviendo a ignorar y relegar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito jurídico cuando dichas tecnologías ya forman parte de nuestra realidad como no podría ser de otra forma al finalizar la segunda década del siglo XXI.

¿Por qué esta desconfianza o temor a avanzar?

Los medios telemáticos ¿no ofrecen las garantías suficientes para una seguridad jurídica plena del acto que se está celebrando? El avance que ha implicado, por ejemplo, la Administración electrónica ¿no ha sido acaso correcto y al mismo tiempo eficaz?

La convocatoria y celebración de la junta de propietarios son actos jurídicos. ¿Solamente son válidos si se realizan por los medios «tradicionales» del siglo XX? (por no decir del siglo XIX).

Los requisitos de validez de un acto jurídico son, tal como los enumera la doctrina: la voluntad, que ha de manifestarse al exterior para que se pueda conocer y sin que adolezca de los vicios que la invalidan (error, fuerza física o violencia, fuerza moral o intimidación o dolo); el objeto, que ha de ser lícito; la causa lícita, como elemento que genera el efecto jurídico; la capacidad, que consiste en la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y ejercerlos por sí misma; y las solemnidades requeridas para la existencia del acto exigidos en relación con el aspecto externo del acto jurídico.

La junta de propietarios es uno de los órganos de gobierno de la comunidad – artículo 13.1.a de la LPH – y ha de reunirse por mandato del artículo 16.1 y conforme establece el artículo 15.1 con una asistencia personal o por representación legal o voluntaria. Las peculiaridades o exigencias extraordinarias para la validez de este acto jurídico en su vertiente telemática giran en torno a la comprobación de la identidad de los intervinientes, la forma de manifestar su voluntad y los requisitos de constancia de su celebración, siendo el resto de requisitos que se exigen los mismos que si el acto se celebrase de forma presencial.

En relación a la identidad de los intervinientes, el RDL 8/2021 aboga por un lado, sustituir la reunión física por una videoconferencia o por una conferencia telefónica múltiple (entendemos que conferencia telefónica con video, no solamente de voz) con la idea que subyace de fondo: «no nos vemos de forma fisica y presencial pero sí de forma virtual»; y por otro lado, simplemente y de un plumazo, permite que se adopte un acuerdo sin celebración de la junta requiriendo solamente la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, requiriendo la debidas garantías de participación de todos los propietarios, identidad del remitente y de recepción de la comunicación.

Esta segunda opción, que permite eliminar la unidad de acto consustancial a la celebración de la junta de propietarios, para emitir un voto como la expresión de la voluntad de un copropietario, en el plazo de 10 días naturales tras la solicitud del mismo mediante un escrito por el presidente de la comunidad, irrumpe, justificada por la necesidad y con la promesa de su temporalidad, contra la esencia misma de una junta de propietarios: no existe una reunión celebrada en un mismo tiempo y lugar, cercenando el acuerdo solamente al resultado de la votación.

Esta posibilidad de adopción de acuerdos sin necesidad de reunión, abre paso a aplicaciones o programas en los que se pueda recabar los votos de los copropietarios para la adopción de acuerdos, por ejemplo un sitio web donde se manifieste el sentido al voto.

Pero no nos engañemos …

… y no nos esforcemos, ya que queda mucho recorrido por hacer realidad una plena digitalización al mundo jurídico. El propio RDL 8/2021 asi nos lo manifiesta en su artículo 3.4

«No obstante lo dispuesto en este artículo, la junta de propietarios podrá celebrarse de forma presencial cuando se garanticen las medidas de seguridad en cada momento aplicables.»

por lo que sigue decantándose por la visión tradicional, y ello no deriva de otra causa que de la desconfianza, pues continúa el articulo 3 en su apartado 5 dicendo que

«A los efectos del artículo 18 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, será causa de impugnación de los acuerdos adoptados conforme a lo dispuesto en este artículo, el incumplimiento de las garantías de participación e identificación que en él se establecen.»

revelándonos así uno de los problemas que impide avanzar en la digitalización del mundo juridico: la correcta identificación del sujeto que participa en la celebración del acto juridico.

Carl Sagan ya lo dijo:

«Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la cual prácticamente nadie sabe nada acerca de la ciencia o la tecnología».

y por ello, seguiremos viendo como avanza la sociedad a una realidad digital y observaremos la impotencia y la desgana del Derecho para regular esa nueva realidad.