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Desde su publicación el día 6 de diciembre en el BOE (fecha constitucionalmente emblemática) ya tenemos nuestra nueva LOPD – Ley orgánica de protección de datos – con el añadido del GDD – garantía de derechos digitales –

Esta normativa viene a complementar al ya conocido RGPD – Reglamento general de protección de datos – norma europea vigente y directamente aplicable desde el 25 de mayo de 2016 que marcaba como plazo de adaptación a lo en él dispuesto el 25 de mayo de 2018.

Antes de valorar dicha norma he de recordar el “dicho-maldición” de Julius Hermann von Kirchmann (uno de los más grandes críticos de la Ciencia del Derecho de todos los tiempos) que con gran acierto sentenció que:

“Tres palabras innovadoras del legislador, y bibliotecas enteras se convierten en papel mojado.»

Pues el legislador español no ha tenido a bien introducir “tres palabras” inspiradoras sino toda una completa Ley Orgánica con contenidos algunos no exigidos por el RGPD, lo que nos lleva a los juristas a un gran trabajo conciliador e interpretativo.

La lectura del nuevo texto legislativo me ha convencido que dicho instrumento normativo, quizás, dicho sea en estrictos términos doctrinales, que dicha norma ha sido realizada y publicada un poco a “lo loco” …

La primera pauta de convivencia y de aplicación entre ambas normas es la prevalencia del derecho europeo sobre el derecho nacional así como la eficacia directa del derecho de la Unión Europea sobre el Derecho español, por lo que la LOPD (según criterios de las Sentencias del Tribunal Constitucional 145/2012, de 2 de julio y 232/2015, de 5 de noviembre) ha de interpretarse conforme a lo establecido en el RGPD.

Esta compleja coordinación normativa que requería un plazo de comunicación a la Comisión Europea de las disposiciones legales adoptadas “a más tardar el 25 de mayo de 2018”